El hallazgo del vehículo del empresario en zona rural expone una vez más el abandono estatal y el avance imparable de la delincuencia en la ciudad.
Foto: Pantallazo de Facebook
El hallazgo del vehículo del empresario Jorge Hernando Uribe en la vereda El Estero, zona rural del corregimiento Navarro en Cali, junto a restos óseos aún sin identificar, reabre una discusión que no puede seguir postergándose: la inseguridad en la ciudad ha dejado de ser una percepción para consolidarse como una crisis estructural.
Aunque este hecho continúa en proceso de investigación, y las autoridades no han confirmado si los restos encontrados corresponden al empresario, el mensaje de fondo es preocupante: en Cali, la criminalidad se ha normalizado al punto de que ni la visibilidad ni el poder adquisitivo ofrecen garantías reales de protección.
La ciudad registra cifras alarmantes. Durante 2024, Cali cerró con 1.032 homicidios, según datos del Observatorio de Seguridad. Solo en los primeros tres meses de 2025, se han contabilizado más de 280 asesinatos, consolidando a la capital vallecaucana como una de las más violentas del país. En paralelo, la tasa de esclarecimiento de homicidios se mantiene por debajo del 30 %, reflejando la profunda brecha entre el delito y la justicia.
Esta situación no es exclusiva de los sectores más vulnerables. La violencia ha tocado todas las esferas sociales, extendiéndose desde las comunas del oriente hasta las zonas rurales, donde los grupos armados ilegales, estructuras delincuenciales y bandas locales ejercen control territorial frente a una institucionalidad débil y en muchos casos ausente.
El caso de Jorge Hernando Uribe es un punto de inflexión no por su singularidad, sino por su carácter simbólico. Pone en evidencia una realidad que vive gran parte de la población caleña: una ciudad donde la inseguridad limita la movilidad, transforma las rutinas y siembra desconfianza en la vida cotidiana. No se trata únicamente de estadísticas, sino de una sensación colectiva de abandono que crece a medida que los hechos violentos se repiten sin respuestas estructurales.
El Estado, en sus distintas escalas, tiene una responsabilidad ineludible. No basta con operativos puntuales, ni con comunicados tras cada hecho lamentable. Se requiere una política de seguridad que reconozca la complejidad del fenómeno: que combine fuerza pública con inversión social, atención a jóvenes en riesgo, recuperación del control en los territorios y presencia institucional real, no simbólica.
Insistir en la narrativa de que “todo está bajo control” resulta ofensivo para quienes viven diariamente con miedo. La ciudadanía no solo exige justicia en casos concretos, sino garantías mínimas para ejercer su derecho a la vida, a la movilidad, al trabajo y a la convivencia en paz. La seguridad debe dejar de ser una promesa electoral para convertirse en una prioridad de Estado.
La desaparición y posterior hallazgo del vehículo de Jorge Hernando Uribe no pueden ser una noticia pasajera. Deben convertirse en un llamado a la acción. Porque lo que está en juego no es solo la vida de un empresario: es el tejido mismo de una ciudad que no puede permitirse seguir naturalizando la violencia.
Desde este medio, alzamos la voz con firmeza y responsabilidad para expresar nuestra profunda preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa Cali y que, día tras día, cobra vidas, fractura comunidades y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
El caso del empresario Jorge Hernando Uribe, aún en proceso de esclarecimiento, debe ser atendido con todo el rigor investigativo, pero también con una mirada más amplia: no podemos seguir reaccionando ante hechos aislados sin cuestionar el modelo de seguridad que ha demostrado ser insuficiente, desconectado de la realidad de los territorios y poco efectivo en la prevención del delito.
Cali no puede seguir viviendo entre la zozobra y la resignación. La ciudadanía merece respuestas, pero sobre todo merece soluciones. No hay desarrollo posible sin seguridad. No hay paz duradera sin justicia. Y no hay justicia sin un Estado presente, activo y comprometido con su gente.
La inseguridad no puede seguir tratándose como un hecho cotidiano. Cada caso como este debe interpelarnos, sensibilizarnos y movilizarnos. Porque lo que está en juego no es solo la vida de una persona: es el derecho colectivo a vivir sin miedo
Por: Paulina Arango M
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